Almaraz gana tiempo y seguirá abierta hasta 2030

Se acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado la orden por la que el Ministerio para la Transición Ecológica de España renueva la autorización de explotación de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz. En la práctica, esto significa que Almaraz I, que debía cerrar en noviembre de 2027, podrá seguir operando hasta el 8 de junio de 2030 (31 meses más), y que Almaraz II, con fecha de cierre prevista para octubre de 2028, recibe una prórroga de 19 meses, hasta esa misma fecha.

La decisión llega después de que el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera, el pasado 16 de julio, un informe favorable “con condiciones”. Entre ellas, garantizar la dotación mínima de personal de seguridad entre 2028 y 2030.

Antes de entrar en lo que implica y lo que no implica esta prórroga, merece la pena pararse un momento en la propia central, porque Almaraz no es solo un dato en un calendario energético: es también una pieza clave de la historia energética y social de España.

Una central con historia propia

La construcción de Almaraz arrancó en 1973, promovida por CENUSA, la sociedad que en 1958 habían formado a partes iguales (33 % cada una) Hidroeléctrica Española, Unión Eléctrica Madrileña y Compañía Sevillana de Electricidad. Almaraz I se conectó por primera vez a la red el 1 de mayo de 1981 y Almaraz II lo hizo el 8 de octubre de 1983, aunque empezaron a vender electricidad regularmente más tarde: Almaraz I el 1 de septiembre de 1983, y Almaraz II el 1 de julio de 1984. En cualquier caso, todo ello en plena carrera de construcción del parque nuclear español.

Y aquí conviene recordar una cifra que suele sorprender y que recogimos en nuestro libro sobre la historia nuclear en España: entre finales de los años sesenta y mediados de los ochenta, las eléctricas españolas llegaron a solicitar permisos para más de 40 reactores. De ellos, 22 recibieron preautorización, 15 iniciaron obras y solo 10 acabaron conectados a la red. El resto quedó por el camino, víctima de la crisis del petróleo, la caída de la demanda eléctrica, los problemas de financiación y de la fortísima oposición social que se organizó en varios emplazamientos. El parque nuclear español que conocemos hoy es, en realidad, una versión muy reducida de lo que se planeó originalmente.

Extremadura fue protagonista en ambos sentidos: dio nombre a Almaraz, pero también fue uno de los escenarios donde se fraguó una parte importante del movimiento antinuclear español. El caso más recordado es el de la central de Valdecaballeros, en Badajoz, promovida también por Hidroeléctrica Española y Sevillana: construida casi por completo pero nunca puesta en marcha, fue paralizada en 1984 tras una fortísima oposición social y las dudas sobre su rentabilidad. Aquella lucha, junto con la de Lemóniz, en el País Vasco, marcó a toda una generación de activismo antinuclear en España.

Ninguna de las tres empresas que promovieron Almaraz existe ya con ese nombre. Hidroeléctrica Española se fusionó en 1992 con Iberduero para formar Iberdrola; Sevillana de Electricidad fue absorbida por Endesa entre 1991 y 1996, y Unión Eléctrica Madrileña acabó, tras varias fusiones sucesivas, integrada en lo que hoy es Naturgy. Así, la vieja CENUSA se ha transformado en la actual Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), con Iberdrola al frente (52,7 % de la propiedad), seguida de Endesa (36 %) y Naturgy (11,3 %).

Fueron precisamente estas tres compañías las que, en octubre de 2025, solicitaron formalmente al Ministerio la modificación del calendario de cierre, argumentando el papel de Almaraz como infraestructura esencial (llegó a suministrar más del 7 % de la electricidad del país) en un contexto marcado por la volatilidad de los precios del gas ligada a la crisis en Oriente Próximo

Vale la pena detenerse en cómo se llegó exactamente a esos 31 y 19 meses de prórroga, porque no fue un número que pusiera el Gobierno sobre la mesa: según reconstruye pv magazine España, Iberdrola y Endesa defendían inicialmente una prórroga de diez años, mientras que Naturgy se opuso a esa opción. Al ser CNAT una comunidad de bienes en la que las decisiones exigen unanimidad, la petición final que llegó al Ministerio quedó recortada a los tres años en los que sí coincidieron las tres socias. El propio informe del CSN, además, no salió por unanimidad: el pleno lo aprobó con la abstención de uno de los consejeros.

Una fuente que fue la primera y ya no lo es

Conviene recuperar la perspectiva de cuánto ha pesado la nuclear en el sistema eléctrico español. A mediados de los noventa, con el parque recién completado y antes del despegue renovable, llegó a cubrir en torno al 35 % de la demanda, siendo la primera fuente de energía eléctrica del país. Esa cuota fue descendiendo, pero no tanto por el cierre de Zorita y Garoña como por el crecimiento del sistema y el avance de las renovables.

En 2021, la energía eólica (23,3 %) superó por primera vez a la nuclear (20,6 %), un liderazgo que no ha vuelto a ceder. Desde entonces, la nuclear es la segunda fuente, oscilando entre el 19 % y el 21 % del mix, con una producción de 52 000-56 000 gigavatios-hora (GWh) anuales (frente a los más de 58 000 GWh de mediados de la pasada década). Es, por tanto, un descenso relativo, no de producción: el parque nuclear sigue operando casi a plena potencia, con disponibilidad por encima del 83 %.

Tener esto presente ayuda a matizar el debate: Almaraz y el resto reactores no son ya la columna vertebral del sistema que fueron hace treinta años, pero siguen aportando una base de generación estable, sin emisiones e independiente de Oriente Medio.

Lo que cambia y lo que no

Es importante ser precisos aquí, porque el propio comunicado del Gobierno insiste en un matiz relevante: esta prórroga afecta únicamente a Almaraz y no altera, formalmente, el calendario de cierre del resto del parque nuclear español, que sigue fijado para 2035 según el protocolo firmado en 2019 entre las eléctricas y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Es decir, sobre el papel, Ascó, Cofrentes, Trillo y Vandellós mantienen sus fechas de cierre escalonado tal y como estaban previstas.

Dicho esto, sería ingenuo leer esta decisión de forma aislada. Un cambio de Gobierno podría perfectamente traer consigo una revisión de ese calendario, sobre todo si Almaraz demuestra en la práctica que una central puede operar con seguridad más allá de los 40 años inicialmente previstos. El precedente que se sienta ahora, más que el contenido literal de la orden, es probablemente lo más importante de la noticia.

Que hoy, cuatro décadas después, una parte de los extremeños (representados por plataformas como “Sí a Almaraz, Sí al futuro)”) celebren la prórroga con satisfacción, mientras que el movimiento antinuclear histórico la viva como una derrota dice mucho de cómo ha cambiado el debate energético, y también de lo distintas que pueden ser las prioridades. Ambas lecturas son legítimas. Lo que no podemos hacer es fingir que no hay tensión entre ellas, ni que el debate energético español está, ni mucho menos, cerrado.

Mar Rubio Varas no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.