Mallorca se revuelve contra el turismo que despoja al habitante de su territorio

El domingo 26 de julio de 2026 se celebró en la ciudad de Palma, capital de las Islas Baleares una protesta no contra los turistas, sino contra un modelo económico que ha empezado a tratar a sus habitantes como un obstáculo.

La manifestación, convocada por la plataforma Menys Turisme, Més Vida, reunió a unas 25 000 personas según la Policía, y a 70 000, según la organización. Pueden discutirse las cifras de asistencia a la protesta, pero resulta más difícil poner en entredicho la escena: salieron a la calle decenas de miles de personas reclamando el derecho a seguir viviendo en uno de los destinos más celebrados del planeta. No pedían que Mallorca dejara de recibir visitantes, no. Pedían que no haya que expulsar a su población para alojarlos.

Participaron vecinos, ecologistas, agricultores y numerosos trabajadores del propio sector turístico. Sus demandas no dejan mucho espacio para la interpretación: limitar las viviendas vacacionales, reducir las plazas de avión y los vuelos disponibles a las islas, y abandonar un monocultivo económico que consume territorio, vivienda y vida cotidiana.

Hubo cargas policiales y heridos, pero reducir la manifestación a esos incidentes sería una manera bastante eficaz de no escucharla. El conflicto de fondo no es entre residentes educados y turistas inocentes. Es entre dos derechos que han dejado de pesar lo mismo: el derecho temporal a disfrutar de un lugar y el derecho permanente a habitarlo.

Una destino turístico puede triunfar y desaparecer

Durante décadas, el éxito de los lugares turísticos se ha medido en términos de llegadas, pernoctaciones, ocupación y gasto. Cuando esas cifras aumentan se habla de una buena temporada. Pero una economía puede crecer mientras desmantela las condiciones que permiten vivir en ella.

Puede aumentar la rentabilidad de cada metro cuadrado y reducir simultáneamente su utilidad social. Puede producir más riqueza y hacer que una enfermera, un policía, un profesor o un camarero no encuentren vivienda. Puede ofrecer al visitante una libertad extraordinaria de movimiento mientras obliga al residente a marcharse. Ese es el dato que rara vez aparece en las estadísticas: un destino puede prosperar como producto y fracasar como sociedad.

El alquiler vacacional no explica por sí solo la crisis de vivienda. Influyen también la inversión internacional, la escasez de suelo, la compra especulativa, la falta de vivienda pública y unas políticas largamente insuficientes. Pero sería intelectualmente tramposo minimizar su papel.

Agustín Cócola-Gant ha descrito las viviendas turísticas como un nuevo frente de la gentrificación. Su investigación muestra que la llamada economía colaborativa encubre con frecuencia una oportunidad de acumulación para inversores y propietarios. En ese proceso, el residente de larga duración deja de ser el destinatario de la vivienda y pasa a convertirse en un impedimento para extraer de ella mayor rentabilidad.

La expulsión, además, no siempre tiene forma de desahucio. Puede ocurrir piso a piso. Una vivienda queda libre y no vuelve al mercado residencial. Desaparece una tienda cotidiana y aparece otra orientada al consumo fugaz. Se marchan los vecinos, cambia el idioma económico del barrio y quien permanece descubre que sigue teniendo domicilio, pero ya no un lugar.

Llamarlo ‘turismofobia’ no fomenta el debate

Mallorca forma parte de una revuelta territorial más amplia.

En Venecia, el movimiento contra los grandes cruceros convirtió aquellos barcos desproporcionados cruzando la laguna en la imagen de una industria cuya escala ya no guardaba relación con la ciudad.

En Canarias, decenas de miles de personas han marchado bajo una frase difícil de mejorar: “Aquí vive gente”.

En Barcelona, las pistolas de agua dirigidas contra algunas terrazas turísticas ocuparon más espacio informativo que los alquileres que motivaban la protesta.

La palabra turismofobia completa la operación. Convierte un conflicto sobre vivienda, salarios, movilidad, agua, suelo y democracia en una reacción emocional contra los extranjeros. Despolitiza el problema y, de paso, infantiliza a quien protesta.

Los expertos en sobreturismo Claudio Milano, Marina Novelli y Joseph Cheer han mostrado que la saturación no consiste solo en la presencia de demasiados visitantes. Aparece cuando el crecimiento altera de manera permanente la vida de los residentes, limita su acceso a servicios y espacios y deteriora su bienestar. Sus trabajos también relacionan las movilizaciones sociales con la impugnación de economías basadas en el monocultivo turístico y en la obligación aparentemente indiscutible de seguir creciendo.

Por tanto, la pregunta no es cuántas personas caben físicamente en una isla. La pregunta es qué debe sacrificar la población para que sigan cabiendo.

Del turismo responsable al turista situado

La academia ha construido conceptos útiles para comprender esta transformación.

El decrecimiento turístico, defendido por los profesores Robert Fletcher, Ivan Murray, Asunción Blanco-Romero y Macià Blázquez-Salom, plantea que algunos territorios no necesitan gestionar mejor el crecimiento, sino reducir materialmente la presión: menos plazas, menos vuelos, menos consumo de suelo y menor dependencia económica del turismo.

No debe confundirse con la fórmula “menos turistas que gasten más”. Puede que esa propuesta reduzca ciertas aglomeraciones, pero también convierte el territorio en un club para rentas altas. Aunque llegue con equipaje discreto, el turismo de lujo ocupa espacio, consume recursos y eleva precios.

La investigadora Freya Higgins-Desbiolles ha desplazado la atención desde la cantidad de riqueza producida hacia su distribución: quién recibe los beneficios, quién soporta los costes y qué derechos deben prevalecer cuando entran en conflicto el negocio turístico y la vida de las comunidades.

La justicia de la movilidad, formulada por Mimi Sheller, permite observar otra desigualdad: no todos los movimientos tienen el mismo poder. El visitante cruza Europa durante un fin de semana pero la camarera de piso debe recorrer cada día decenas de kilómetros porque ya no puede vivir cerca de su empleo. La movilidad fácil de unos puede producir la movilidad forzada de otros.

Y la soberanía turística, vinculada por Carter Hunt, María José Barragán-Paladines, Juan Carlos Izurieta y Andrés Ordóñez a las luchas comunitarias por el control de sus medios de vida, formula la pregunta decisiva: ¿quién tiene autoridad para determinar el futuro de un destino?

A partir de estas aportaciones propongo una figura adicional: el turista situado.

El turista situado reconoce que no llega a un decorado disponible, sino a un territorio ya habitado, atravesado por relaciones de poder y conflictos concretos. Entiende que su libertad de movimiento sucede dentro de la vida menos móvil de otros. Y acepta algo que el turismo responsable suele evitar: hay alojamientos, actividades e incluso destinos que pueden dejar de estar moralmente disponibles.

No se limita a reducir su huella. Está dispuesto a renunciar.

La conciencia empieza con un ‘no’

Un turista situado dejaría de elegir Mallorca para hacer cicloturismo. No porque pedalear sea inmoral ni porque cada ciclista constituya un problema. Lo haría porque una actividad deja de ser inocente cuando su concentración deteriora la movilidad cotidiana de quienes usan esas carreteras para trabajar, estudiar, cuidar o regresar a casa. Elegiría otro territorio menos saturado. Otra época. Otra actividad.

Y no usaría Airbnb –ni cualquier otra plataforma equivalente– en zonas gentrificadas, donde la vivienda turística contribuye a que los jóvenes nacidos allí deban marcharse porque no pueden pagarse una casa.

Podemos discutir la intensidad concreta de cada efecto, la regulación más eficaz o el peso relativo de las distintas causas. Pero cuando existe un proceso visible de expulsión residencial, utilizar una vivienda como alojamiento vacacional deja de ser una elección privada sin consecuencias.

La conciencia turística consiste en viajar sabiendo cuándo uno debe escoger otro destino.

El turista situado se hace una pregunta previa a todas las recomendaciones, certificaciones y listas de buenas prácticas:

“¿Debo estar aquí, haciendo esto?”.

A veces la respuesta será sí. Otras exigirá cambiar de temporada, alojamiento o actividad. En determinados lugares y momentos será sencillamente no.

El derecho a retirar un territorio del mercado

La soberanía turística significa que una comunidad puede decidir cuánto turismo quiere, dónde, cuándo y bajo qué condiciones.

Puede determinar que determinadas viviendas deben servir para vivir. Puede limitar cruceros, vehículos, plazas turísticas o vuelos. Puede cerrar un espacio saturado, retirar licencias y anteponer la continuidad de una comunidad al rendimiento máximo de sus activos.

No equivale a cerrar fronteras. La soberanía turística no es pureza identitaria sino capacidad democrática.

Venecia pertenece prioritariamente a su población, no a las navieras. Barcelona, a quienes la habitan, no a las plataformas turísticas. Mallorca, a quienes sostienen aquí una vida, no a una industria que comercializa su disponibilidad.

El visitante merece hospitalidad, no soberanía. Una población debe poder conservar el derecho a retirar partes de su territorio del mercado turístico, aunque exista demanda y aunque alguien esté dispuesto a pagar.

Turismo, un poder no elegido

El turismo no es ya únicamente una actividad económica. Ha adquirido capacidad para organizar el territorio, el empleo, la vivienda, las infraestructuras y el calendario político. Ha empezado a actuar como un poder constituyente sin haber sido elegido.

La cuestión no es ya si el turismo genera riqueza. La genera. La cuestión es qué clase de pobreza puede producir al hacerlo: pobreza de vivienda, de tiempo, de espacio público, de expectativas y de futuro.

Se empiezan a ver pintadas y carteles en los coches de los habitantes locales. Incluso yo he usado uno –una vez–, que escribí en alemán, harto ya de carreteras terciarias colapsadas por cicloturistas:

Es patético, sí. Es cutre, también. Y es delicado. Pero los turistas, e incluso los residentes extranjeros de los lugares que se han gentrificado, necesitan recibir urgentemente ciertos mensajes, respetuosos pero claros.

Julio Batle Lorente no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.