Si la UE logra armonizar la tributación de las empresas, ¿acabará la competencia fiscal entre Estados europeos?

La Unión Europea lleva más de una década buscando armonizar cómo se calcula y reparte la base imponible (el importe sobre el que se calculan los impuestos) de las multinacionales en el impuesto sobre sociedades.

El proyecto se llama Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT) y fue presentado en 2023 por la Comisión Europea. La idea base es que si las empresas que operan en varios países de la Unión calculan sus beneficios siguiendo reglas comunes, resultará más difícil trasladar beneficios artificialmente de un país a otro.

Durante un tiempo el debate fue más bien técnico, pero ahora empieza a entrar en terreno político. El Parlamento Europeo ha debatido el proyecto y ha propuesto enmiendas, mientras los Estados miembros discuten el texto en el Consejo. Es decir: empieza a tomarse en serio.

BEFIT se presenta, sobre todo, como una respuesta al fenómeno BEPS (siglas de base erosion and profit shifting); es decir, las estrategias utilizadas por algunas multinacionales para trasladar beneficios hacia jurisdicciones con menor tributación.

Pero antes habría que preguntarse: ¿quién causa realmente este fenómeno?

El papel de los Estados

Durante años se ha tendido a presentar el problema como el resultado de la creatividad fiscal de las multinacionales. Sin embargo, muchos de los ejemplos más conocidos cuentan una historia distinta. La planificación fiscal internacional de las empresas ha sido posible, en muchos casos, porque los propios Estados han sido colaboradores necesarios.

Un ejemplo paradigmático fue el Double irish (Doble irlandés) utilizado durante años por grandes empresas tecnológicas y farmacéuticas. La normativa irlandesa sobre la residencia fiscal de las compañías permitía localizar los beneficios derivados de la propiedad intelectual (software, patentes o fórmulas farmacéuticas) en jurisdicciones de baja o nula tributación, normalmente Bermudas o Islas Caimán. Irlanda, además, confirmaba el tratamiento fiscal aplicable mediante resoluciones (rulings) secretas.

La estructura funcionó sorprendentemente bien hasta que, en 2020, Irlanda dejó de permitir su utilización, tras las presiones de sus países vecinos. Un triunfo de la cooperación. O eso parecía, porque la estructura terminó influyendo en la propia política fiscal europea.

De ‘Double Irish’ a ‘patent box’

Hoy, prácticamente todos los países de la Unión Europea cuentan con algún tipo de incentivo fiscal que permite tributar a tipos reducidos los beneficios derivados de patentes, software o investigación (los llamados patent box).

Este auge de los patent box parece menos una ruptura con el pasado que una adaptación al éxito de aquellas estructuras en las que los países compiten por atraer los ingresos derivados de la propiedad intelectual, a cambio de una menor tributación.

Este es solo uno de los muchos ejemplos en los que los países no solo no cooperan para acabar con la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, sino que son parte necesaria para que se produzca. El escenario europeo no es tanto de colaboración como de competencia. Y ese contexto resulta clave para entender los desafíos del proyecto BEFIT.

La contabilidad como punto de partida

Para calcular la base sobre la que la multinacional pagará impuestos, la propuesta europea parte del resultado contable de las empresas y, a partir de ahí, introduce ajustes fiscales comunes. A primera vista parece una solución bastante práctica: la contabilidad es el instrumento habitual para cuantificar los beneficios empresariales. Pero ese método de cálculo puede provocar efectos indeseados.

Europa no tiene un único estándar contable. Las empresas pueden utilizar las normas nacionales o las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), lo que influye directamente en la base fiscal. Cuando ocurre algo así, las multinacionales buscan el estándar más favorable (mientras que los Estados los ofrecen). Pero la contabilidad no es el único punto delicado del sistema.

El problema de los factores de reparto

El propio diseño de BEFIT prevé que, una vez calculada la base imponible, y tras un periodo transitorio prolongado, los beneficios se repartan entre los países mediante factores como activos, trabajo y ventas. La idea es atribuir beneficios allí donde se genera la actividad económica. El problema es que esos factores no son igual de estables.

Los activos y los trabajadores pueden trasladarse a otras empresas del grupo, situadas en Estados con menor tributación. En cambio, el factor ventas suele ser más difícil de manipular. Normalmente, los clientes están donde están.

Sin embargo, por el propio funcionamiento del cálculo que propone BEFIT, el factor ventas podría quedar infraponderado frente a los activos y el trabajo, que son más sensibles a la planificación.

Aunque la fórmula permanente de reparto, prevista para la fase final del sistema, aún no está definida y la Comisión podría proponer una más equilibrada, persistirá el riesgo mientras la competencia entre Estados se siga produciendo.

Un problema de gobernanza

Quizás el verdadero desafío del proyecto BEFIT no sea técnico sino de gobernanza: mientras los Estados miembros sigan compitiendo entre sí, la competencia fiscal no desaparecerá sino que cambiará de forma. De los impuestos visibles (los que el contribuyente identifica de manera clara, como el IVA en el ticket de compra o el IRPF en la nómina) al uso de la mejor norma contable y los factores de reparto, se estarían dando herramientas a los Estados para seguir compitiendo y en terrenos distintos del estrictamente fiscal.

Además, el proyecto BEFIT no prevé mecanismos suficientemente sólidos para lidiar con ellos. Serían necesarios procedimientos de consulta, instancias supranacionales capaces de resolverlos cuando se produzcan y cláusulas de indemnidad para el contribuyente, para que no sea este quien soporte las consecuencias de una mala armonización fiscal.

En este contexto, es inevitable que surjan conflictos entre Estados. En ese caso, sería preferible mantener un escenario de sistemas fiscales independientes como el actual.

Pablo Robles Álvarez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.